Este sábado, los 22 millones de brasileños aficionados a Twitter (ahora X) se vieron imposibilitados de leer o postear en la red social de Elon Musk, el empresario más rico y poderoso del planeta. La prohibición fue determinada por la Corte Suprema de Brasil, ante la decisión de Musk de cerrar su oficina en el país y dejarla sin representante.
El conflicto entre la justicia brasileña y Musk comienza cuando el empresario se niega al requerimiento del juez Alexandre de Moraes, quien solicitó que Twitter informe al gobierno brasileño sobre la verdadera identidad de las cuentas en la que se difundieron mensajes que incitaban a la sublevación contra el gobierno democrático recientemente elegido (a comienzos de 2023 una horda de manifestantes que apoyaban al expresidente Bolsonaro, coparon edificios gubernamentales y llamaron a un golpe de estado).
Musk considera que se trata de una medida que coarta la libertad de expresión y por lo tanto es antidemocrática. Por supuesto, para Musk no es antidemocrático poder decir lo que uno quiera –más allá de que sea verdadero o falso- sin dar la cara.
Para quienes no usan esta red social, Twitter se caracteriza por ser una plataforma donde no es necesario firmar los contenidos con nombre real y donde la revisión de contenido es casi inexistente. No está de más mencionar que gran parte de los posteos en Twitter son realizados por bots. Algunos estudios han mencionado que los bots son responsables por más de la mitad de las publicaciones de Twitter.
Musk acusó al gobierno brasileño de ser una dictadura, ante lo cual el presidente de Brasil, conocido mundialmente como Lula Da Silva, respondió que por más poder que tenga una persona, Brasil es un país soberano y cualquiera que quiera hacer negocios en ese país debe respetar sus leyes.
Es difícil creer que el bloqueo a Twitter se mantenga mucho tiempo más, no solo por el inmenso poder que tiene Musk, quien entre otras cosas es socio de la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos en varios emprendimientos, sino también porque en Twitter se discuten a diario temas relacionados con la política, la economía y la sociedad en todo el mundo occidental y gran parte de Oriente.
Una de las primeras consecuencias del bloqueo de Twitter fue que en el fin de semana la red social Bluesky (también estadounidense) sumó 500.000 nuevos usuarios. El actor Felipe Neto, que tiene 17 millones de seguidores en Twitter, fue uno de los que se sumó a Bluesky y en su primer tuit manifestó apoyo al gobierno de su país.
Por otra parte, aquellos usuarios brasileños para quienes Twitter se ha convertido en una adicción, pueden acceder a ella mediante una VPN (red privada virtual), tanto para postear como para leer las publicaciones. Una VPN es un software que permite acceder a cualquier dirección de internet a través de una cuenta en otro país. De mantenerse el bloqueo, muy probablemente aumente el consumo de VPNs.
Pero lo realmente novedoso de esta pelea es que por primera vez un gobierno democrático se atreve a tomar una medida que hasta hace no mucho tiempo se hubiera considerado absolutamente antipopular. Sin embargo mucha gente está empezando a creer que en la ecuación final, las redes sociales traen más perjuicios que beneficios. Y que, contrariamente a lo que sostiene Mark Zuckerberg, más que unir a las personas, dividen a la sociedad.
Esta es una concepción que está creciendo fuertemente especialmente entre las personas que tienen hijos. Y no solo entre las personas, sino también entre organizaciones estatales. De hecho, cuarenta de los cincuenta estados de los Estados Unidos han presentado demandas contra Facebook, Instagram y TikTok, por las medidas que toman estas redes sociales para incentivar la adicción entre los menores de edad en sus plataformas.
La pelea entre Musk y el gobierno brasileño se da poco después de otro hecho de violencia social sumamente preocupante sucedido en Inglaterra a fines de julio, cuando un desequilibrado mental atacó un jardín de infantes con un cuchillo, mató a tres niños e hirió a otras diez personas. Grupos antiinmigración y especialmente islamofóbicos, difundieron por redes sociales que el autor del apuñalamiento era musulmán. Esto llevó a que grupos de fanáticos salieran a las calles y atacaran centros de refugiados, comercios y casas de inmigrantes. La efectiva reacción de la policía impidió que se produjera una tragedia. Más de 400 manifestantes fueron detenidos y más de 100 policías resultaron heridos. Luego se supo que era falso que el atacante fuera musulmán. Desde el gobierno inglés se comentó que gran parte de la responsabilidad de estos disturbios fue la desinformación difundida por Twitter. Sin embargo, no se tomó ninguna acción legal contra esa red social ni ninguna otra.
Lo paradójico de la defensa a la libre expresión que aducen los propietarios de las redes sociales, que son a su vez las personas con más poder económico y político del mundo, es que cuando gobiernos autoritarios (como es el caso de India, que es al mismo tiempo uno de los principales mercados para estas redes y donde TikTok está prohibido) les solicitan colaboración para censurar y localizar adversarios políticos, no tienen ningún reparo en colaborar.
Más allá del resultado que tenga esta batalla entre el gobierno de Brasil y Elon Musk, probablemente estemos presenciando el comienzo de una nueva etapa en relación al uso y poder de las redes sociales. Una etapa en que la ciudadanía y los representantes políticos se acercan para poner límites a una docena de billonarios que manejan a su placer la infraestructura de comunicación global, con el único objetivo de acumular más dinero y poder, sin considerar las repercusiones sociales de sus decisiones.